Según la Comisión Europea, “las tecnologías digitales han sido fundamentales para mantener la vida económica y social a lo largo de la crisis del COVID-19. Serán el factor de diferenciación clave para el éxito de la transición hacia una economía y una sociedad sostenible después de la pandemia”. Esta aceleración de la digitalización ha supuesto una situación excepcional y sin precedentes que está exigiendo una toma de decisiones y una puesta en marcha de políticas y programas que garanticen dicha transición.
Justificación
En este contexto, la Comisión Europea presentó en marzo de 2021 una “Hoja de ruta” para la “Transformación Digital de Europa de aquí a 2030”. Se trata del lanzamiento de una “década digital”, en palabras de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, quien apela al “empoderamiento” y a la soberanía digital “en un mundo abierto e interconectado”.
Sin embargo, este objetivo de digitalización de la sociedad está lejos de implantarse de manera homogénea en nuestro país. En su estudio de 2021 Nuevas tecnologías, brecha digital y hogares vulnerables, EAPN se puso de manifiesto el acceso desigual a las comunicaciones digitales de un significativo número de personas.
Emplea en el informe el concepto de “brecha digital”, definido como “la desigual distribución de los recursos tecnológicos que se produce entre grupos de personas (…) y que determina la imposibilidad de acceder en igualdad de condiciones a la sociedad del futuro”. Esta desigualdad contempla no sólo el acceso a la tecnología, sino también el tipo de equipamiento, la calidad de las conexiones y las habilidades y competencias necesarias.
La brecha no se configura a partir de una sola característica. Existen diferencias basadas en las condiciones socioeconómicas, de género, de hábitat o territorio de residencia, de edad, de nivel educativo y otras.
En el contexto canario, REDLAB responde a dos recomendaciones de un estudio reciente de EAPN Canarias sobre la brecha digital entre las 1.000 personas en pobreza y exclusión social atendidas por el programa autonómico INTEGRA, el cual comprobó un vínculo sólido entre pobreza económica, bajo nivel de logro educativo y alta brecha digital. La primera es que es necesario aumentar los apoyos institucionales para remediar la brecha digital, dado que las personas en exclusión social reciben escaso apoyo para afrontar las dificultades económicas en la obtención de equipamiento y en conexión a Internet en el domicilio. La segunda recomendación consiste en reducir la brecha digital, mediante el acceso a los medios tecnológicos y al mundo digital, para favorecer la socialización y captación posterior de habilidades digitales. Además, dado que el Ingreso Mínimo Vital tiene como objetivo “la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza” y que la Prestación Canaria de Inserción se propone “…conseguir la inserción social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales dificultades de integración”, resulta fundamental trabajar con las personas perceptoras de dichas prestaciones en la mejora de sus capacidades digitales, especialmente de aquellos perfiles que más agudamente sufren la brecha digital.
Contexto
El estado de la pobreza en Canarias
El 17 de octubre de 2022, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, EAPN Canarias presentó en el Parlamento Canario el XII Informe “El Estado de la Pobreza, Seguimiento de los Indicadores de la Agenda UE 2030 (2015-2021) con una contundente conclusión extraída del análisis especial de los indicadores para las islas: dos de cada cinco personas en Canarias están en situación de pobreza y exclusión social. Pese a que los datos muestran un ligero descenso del riesgo de pobreza y exclusión social de la población respecto al anterior informe, el archipiélago supera aún en diez puntos la media nacional en la Tasa AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), tan sólo por detrás de Andalucía y Extremadura.
El único indicador que no experimenta una mejora es el BITH (Baja Intensidad de Empleo), el componente 3 de la Tasa AROPE. El BITH contempla el porcentaje de miembros de un hogar en edad de trabajar que se emplearon en menos de un 20% de posibilidades a lo largo de un año.
Según el XII Informe AROPE, el 21,1% de la población en Canarias (382.000 personas) vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que supone un aumento de 6,3 puntos con respecto al año anterior. Con 9,5 puntos por encima de la media nacional, las islas se sitúan a la cabeza en número de hogares con baja empleabilidad de todo el territorio español.
El informe pone de manifiesto, además, el efecto de las medidas tomadas para paliar la situación y estima que la tasa de pobreza en Canarias habría aumentado un 17, 2% si no se hubiera tomado ninguna medida, un hecho que habría abocado a la pobreza a casi la mitad de la población canaria (45,6%).
El Ingreso Mínimo Vital (IMV)
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Fue aprobado el 29 de mayo del 2020 por el Consejo de ministros y ministras, mediante decreto producido en el marco de las acciones contra la Covid-19, el denominado “escudo social”. Sin embargo, la propuesta de un IMV ya figuraba en la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza aprobada en marzo de 2019 por el gobierno anterior.
Se configura como un derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
Los requisitos básicos que se deben cumplir para tener derecho al IMV son:
- Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año, salvo excepciones (los menores incorporados a la unidad de convivencia, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género).
- Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual se acredita teniendo en consideración el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas.
- Que la unidad de convivencia esté formada, al menos, desde hace seis meses.
Además de estos requisitos generales, deben reunirse una serie de condiciones referidas a sus circunstancias personales y/o a las de su unidad de convivencia.
Según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en junio de 2022, un total de 1,2 millones de personas (o 461.000 hogares) reciben en España la renta mínima estatal tras dos años de ponerse en marcha.
El Ingreso Mínimo Vital en Canarias
37.584 canarios y canarias mayores de edad y 20.303 menores estaban recibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a junio de 2022. En total, 57.887 personas que se benefician de esta prestación, según datos publicados en octubre de 2022 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del total de perceptores, 33.282 son mujeres.
El IMV llega a Canarias en el año 2020 para coexistir con la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una prestación económica disponible en el archipiélago desde el año 2007. Ambos subsidios son compatibles en Canarias gracias al Real Decreto-Ley 16/2020 del 24 de septiembre, que abrió la puerta a que ambas prestaciones pudieran cobrarse a la vez.
57.887
Población canaria que recibe el IMV
> 57%
Mujeres Canarias que reciben el IMV
La Prestación Canaria de Inserción (PCI)
La Prestación Canaria de Inserción surge gracias a la Ley 1/2007, de 17 de enero.
En su artículo I, el texto legal establece que “la presente ley tiene por objeto regular, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la Prestación Canaria de Inserción, para conseguir la inserción social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales dificultades de integración. Para ello, la PCI proporcionará:
Una ayuda económica, que recibirá el nombre de ayuda económica básica, cuya finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos materiales, se encuentren en situación de mayor desigualdad social respecto al promedio de la población canaria.
Apoyos a la integración social mediante la realización de actividades de inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa, o desajustes personales”
En la actualidad, la PCI ha alcanzado, según datos del Gobierno de Canarias, un total de 11.427 familias cubiertas, la mayor cantidad de familias beneficiarias desde la creación de esta ayuda.
En la actualidad, el Gobierno de Canarias se encuentra trabajando en la concepción y aprobación de una renta mínima garantizada para la comunidad autónoma. La futura Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, una demanda en la que EAPN Canarias lleva incidiendo desde hace años, vendrá a materializar una iniciativa que ya se recogió en la reforma del Estatuto de Canarias en 2018, concebida como un derecho subjetivo, tal y como manifiesta Fernando Rodríguez García, vicepresidente de EAPN Canarias y presidente de Provivienda Canarias, en su intervención en el panel “Modelos territoriales de gestión del IMV y Rentas Autonómicas”, dentro de la jornada telemática: ‘El acceso al Ingreso Mínimo Vital en las Comunidades Autónomas’, organizado en julio de 2022 por EAPN-ES.
Contexto España y EU: Fondos #NextGenerationEU, Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y el proyecto REDLAB Canarias
En el marco de la salida de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha los fondos extraordinarios denominados NextGenerationEU, concebidos por la Comisión Europea como “una oportunidad única para renacer con más fuerza de la pandemia, transformar nuestras economías, crear oportunidades y puestos de trabajo para la Europa en la que queremos vivir”. Para esta visión, los estados miembros han accedido a invertir 806,9 billones de euros, el mayor paquete de estímulos financiero que los 27 han aprobado hasta la fecha.
Para acceder a estos fondos, todos los estados miembros, incluida España, han tenido que presentar un Plan de Recuperación y Resiliencia, aprobado por la Comisión Europea, el Plan «España Puede». El Plan español cuenta con cuatro ejes transversales, diez políticas palanca y treinta componentes.
El objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España es acelerar la recuperación económica y social tras la crisis del COVID-19 y lograr incrementar la capacidad de crecimiento a medio y largo plazo.
El Plan ha sido elaborado sobre cuatro ejes transversales –la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género.
Se estructura en torno a diez políticas palanca que definen el grueso de las inversiones en ámbitos que van desde la agenda urbana, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, hasta la modernización y el refuerzo del sistema fiscal y de pensiones, pasando la mejora de infraestructuras y ecosistemas, la educación, la ciencia, la modernización empresarial, entre otros.
Esas diez políticas palanca integran a su vez 30 componentes o líneas de acción.
REDLAB Canarias es uno de los proyectos beneficiarios del Plan «España Puede», tal y como se recoge en la Resolución del 30 de agosto de 2022 de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.
El proyecto se encuadra en la Política Palanca VII (Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades) y en el Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, encuadrado en el área política VII “Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo”.